CEBAG solicita que se amplíe el plazo de alegaciones al PGMO de Totana

Van a pedir celebrar una reunión urgente con el Alcalde y con la Dirección de cada uno de los Grupos políticos de Totana, para trasladarle su petición y valoraciones

CEBAG va a remitir un escrito dirigido al Alcalde y a los representantes de los Grupos políticos de Totana (PP, PSOE, IU, Ciudadanos y Podemos), para solicitarles que amplíen un mes más (hasta el 21 de abril) el período de alegaciones al PGMO de Totana, hasta tanto el Alcalde, el Equipo de Gobierno y los Grupos políticos y los servicios técnicos municipales se reúnan con los colectivos ciudadanos afectados y le informen detallada, e incluso individualmente,  de las consecuencias que la aprobación del Plan, tal y como está previsto, tiene para miles de ciudadanos propietarios de viviendas o fincas rústicas y urbanas.

Según manifiestan desde CEBAG, antes de que cada ciudadano formule o no una alegación al Plan, tiene derecho a estar informado en detalle, incluso por escrito,  de las consecuencias que la aprobación del Plan puede tener para cada uno de sus fincas o viviendas urbanas o fincas rústicas, en comparación con la normativa vigente hoy y en los últimos años.

Según CEBAG, "los ciudadanos y propietarios de fincas urbanas o rústicas, tienen derecho a conocer, porque el Alcalde y los Grupos políticos, cuando aún no nos han facilitado la prometida auditoria sobre la cuantía de la deuda, el destino del gasto y las responsabilidades que se pudieran derivar de haber llevado a la quiebra total al Ayuntamiento y a hipotecar el presente y el futuro de las actuales y próximas generaciones; ahora pretenden "meter la mano en el bolsillo" de miles de ciudadanos no solo subiendo los impuestos, tasas y servicios hasta un 120% en los próximos 17 años, para pagar los, en torno a 160-180 millones de euros de deuda municipal; sino que incluso pretenden hipotecar y expropiar los usos y derechos de propiedad de miles de ciudadanos de Totana, generando unos perjuicios económicos a su patrimonio, que estiman podrían alcanzar y superar los 200 millones de euros.

Según manifiestan desde CEBAG, no existe ningún precedente, ni en la Región de Murcia ni, que sepan,  en toda España, en el que se pretenda situar fuera de ordenación o de norma miles de viviendas y de fincas rústicas, por un supuesto "error" de cálculo o imprudencia o confusión de responsables políticos o funcionarios, que lesiona gravemente los intereses y el patrimonio de miles de ciudadanos, y que podría derivar, según CEBAG,  en la posible exigencia de responsabilidades personales y patrimoniales a los cargos públicos o funcionarios que no apreciaron el citado "supuesto error", cuando aprobaron el Plan parcialmente en 2011. O a quienes, según CEBAG, conociéndolo ahora, pretenden hacer recaer en el bolsillo y en el patrimonio de miles de ciudadanos, las consecuencias económicas que suponen dejar en la irregularidad y asumir la pérdida de valor de situar, miles y miles de viviendas o fincas urbanas o rústicas, fuera de ordenación o fuera de norma.

Desde CEBAG no aciertan a comprender como Grupos políticos como Ciudadanos o el PP,  este último con quien coinciden desde CEBAG en que es un disparate que Totana sea el único municipio en el que sube el IBI en la Región o en la que los impuestos pueden subir hasta un 120% los próximos años,  que se han manifestado pública o privadamente contrarios a este disparate, que supone expropiar e hipotecar los derechos de miles de ciudadanos; se han convertido en cómplices y corresponsables de este "atraco al bolsillo de miles de totaneros", al aprobar deprisa y corriendo un Plan, que apoyaron con su voto en el último Pleno, para que el Alcalde pueda presumir haber aprobado un Plan que, hasta hace poco consideraba "corrupto" y que, según figura en la pancarta colocada en la fachada de CEBAG, los empresarios consideran puede ser "un robo a miles de totaneros".

Desde CEBAG confían en que el Alcalde acceda a esta petición de ampliar más el período de exposición pública o explique a los totaneros porque firmó en junio de 2015 el compromiso escrito de hacer un referéndum con todos los ciudadanos, y ahora pretende aprobar el Plan sin reunir siquiera al Grupo de trabajo técnico para informar las subsanaciones, ni al Consejo de urbanismo aprobado unánimemente por el Pleno, además de mostrarse incapaz de consensuar las líneas generales, con los miembros de su propio Equipo de Gobierno.