La viceportavoz del Partido Popular de Totana, Josefa María Sánchez Méndez, ha reclamado "mayor financiación y recursos suficientes para los Ayuntamientos con el fin de que puedan prestar correctamente todos los servicios públicos" y reivindicó que "el Gobierno de la Nación afronte ya la deuda histórica que tiene con los municipios, que en el caso de Totana asciende a los 25 millones de euros".
Sánchez recordó que "esta es una reivindicación justa, solidaria y necesaria, precisamente, coincidiendo con la reciente conmemoración del 30 aniversario de las primeras elecciones municipales en España" y señaló que "ésta es la línea que llevan todos los alcaldes independientemente de su color político".
La presidenta de NNGG en Totana denunció "la inacción y pasividad del Gobierno socialista ante los difíciles momentos por los que atraviesan los consistorios de toda España de distinta significación política".
También señaló que a la profunda crisis económica que sufre el país, hay que añadir que las corporaciones locales “soportan la peor situación financiera de las tres últimas décadas con más competencias que nunca” y recordó que "son muchos los vecinos empadronados en los municipios que el Gobierno socialista no reconoce su existencia, aunque los servicios sí hay que prestarlos".
Abogó por un nuevo modelo de financiación y afirmó que los Ayuntamientos constituyen el pilar fundamental de la arquitectura democrática y, como tal, “tienen que contar con los medios económicos necesarios para responder a lo que los ciudadanos demandan y necesitan”.
Además, solicitó que los Ayuntamientos tengan el mismo tratamiento a efectos de endeudamiento que las comunidades autónomas e incidió en que “es preciso que se desarrollen avales del Estado para las emisiones de deuda municipales y que se resuelva de una vez la asignatura pendiente de la llamada segunda descentralización a través de una nueva Ley de Régimen Local”.
La viceportavoz popular de Totana insistió en la necesidad de dotar a los consistorios de competencias y recursos suficientes con el objetivo de que "puedan desempeñar con garantías las competencias que les corresponden y prestar los servicios públicos y sociales que los ciudadanos demandan, y que cada día son más”.