El Grupo Municipal Popular va a presentar una moción al próximo pleno ordinario para apoyar las reivindicaciones de la comunidad de usuarios de Internet y solicitar al Gobierno de la Nación que, en lugar de censurar administrativamente, disponga un procedimiento exclusivamente judicial, único garante de una investigación justa y apolítica de los hechos denunciados y del respeto de presunción de inocencia.

El portavoz del PP, José Antonio Valverde, ha recordado que Internet se ha convertido en el instrumento imprescindible y privilegiado de comunicación, expresión, difusión de la cultura, y de acceso al conocimiento; y ha denunciado que el Gobierno de Zapatero pretende crear la figura de un nuevo censor, recordando tiempos pasados, una Comisión dependiente del Ministerio de Cultura que señalará con el dedo a las páginas webs sospechosas de vulnerar los derechos de autor, y que será quien decida en base a intereses particulares.

El Consejo de Ministros ha aprobado un texto complementario a la Ley de Economía Sostenible con el que recoge un procedimiento administrativo inicial, vinculante, en el que se podrá denunciar, ante la Comisión de Propiedad Intelectual, cualquier Web que se considere atentatoria contra los derechos de autor, un juez será quien ordene posteriormente el cierre o bloqueo de esa Web en el plazo de 4 días.

Según el portavoz popular, José Antonio Valverde, la propiedad intelectual no puede, ni debe, estar por encima de derechos tan fundamentales como son la libertad de expresión y el derecho a la información, máxime cuando este último ha venido prevaleciendo sobre el propio derecho constitucional a la presunción de inocencia y a la intimidad.

Para el PP, las medidas legales preparadas por la ministra Sinde suponen un retroceso en los derechos y libertades que se habían conseguido, creando una “policía cultural” afín a los intereses de unos artistas próximos al poder de Zapatero, con la excusa de salvaguardar la propiedad intelectual.

Valverde añadió que desde el PP apoyamos que se protejan los derechos de propiedad intelectual, pero no por la puerta de atrás, con una ley alambicada como la de Economía Sostenible y por medio de un procedimiento administrativo sometido al político de turno e incapaz de garantizar los derechos constitucionales fundamentales que deben amparar un medio primordial como es Internet.

Por último, recordó que cualquier soporte o aparato de grabación, hasta los teléfonos móviles, están sujeto al pago de una tasa, o canon por copia privada, destinada a la remuneración de los autores, editores, productores y artistas en compensación por las copias que se hacen de sus trabajos y cuyo reparto se realiza a través de Entidades de Gestión Colectiva como la Sociedad General de Autores Españoles de forma proporcional a la “importancia” del autor.