El Gobierno autonómico da respuesta así al requerimiento de la Fiscalía de la Región de Murcia respecto a la necesidad de que las administraciones públicas -la regional y las locales- extremen las medidas en relación con las quemas agrícolas y su impacto sobre la salud y el medio ambiente en un contexto como el actual, marcado por la crisis del COVID-19.
Este respiro llega en un momento clave de cara a los meses del verano, en el que además se produce un aumento de las temperaturas, combinado con el fenómeno conocido como inversión térmica –que impide que el humo se eleve y disipe en la atmósfera– y la mayor parte de la población encerrada en sus viviendas, salvo durante las salidas autorizadas, por la pandemia de coronavirus.
En el actual contexto, la Comunidad Autónoma permite la quema, con carácter excepcional, en aquellos supuestos adecuadamente justificados, que sean previamente valorados y autorizados por el ayuntamiento correspondiente, ante la imposibilidad de la eliminación mediante otros sistemas prioritarios como su valorización por un gestor autorizado, o su incorporación al suelo mediante triturado o picado.
En todo caso, la Orden que firma el consejero Antonio Luengo señala que la quema excepcionada se deberá realizar evitando molestias a los vecinos y poniendo previamente en conocimiento de la Policía Local o el Servicio de Extinción de Incendios, quienes podrán impartir instrucciones concretas sobre el modo de realizarla.
La Consejería recuerda también que la quema es la única solución ante determinadas plagas de sequía, como "escotílidos y gusano cabezudo", que se refugian en los restos del material vegetal generado en la propia explotación, "constituyendo un reservorio para determinados organismos nocivos que sirven para su diseminación a las parcelas vecinas".
