A través de los medios de comunicación y mediante el presente escrito, quiero dirigirme a los tres partidos políticos (Ganar Totana Izquierda Unida, Partido Popular y Ciudadanos) que han aprobado de forma provisional el PGMO o lo que es lo mismo, el Plan Urbanístico para nuestro pueblo, así como a los técnicos que lo han redactado, para solicitarles una explicación pública de lo que va a suponer o qué consecuencias tendrá la bajada de alturas incluida en dicho Plan.
No tengo la intención de enjuiciar la actitud de los grupos políticos en el Ayuntamiento, por lo que me dirijo a ellos desprovisto de toda connotación que no sea la de ciudadano, la de contribuyente y la de vecino afectado por la rebaja de alturas, en busca de información que desmienta o ratifique que se nos va a perjudicar gravemente.
Vivo en la calle San Antonio, en una vivienda situada en segunda planta que, como tantos otros, adquirí con el esfuerzo de mi trabajo, hipotecándome durante años y que constituía el único bien de relativo valor que habría podido dejar en herencia a mis hijos.
Y digo que constituía un bien de relativo valor porque, según parece, con la aprobación del nuevo Plan Urbanístico, queda fuera de ordenación o de norma. Que esta nueva catalogación no es otra cosa que el deseo de la Administración de que mi vivienda no prolongue su existencia más allá de lo que cabe esperar de ella y del estado de vida de los elementos que la componen.
Que como consecuencia de esta nueva catalogación urbanística de mi vivienda y hasta su desaparición, solo podré hacer obras de reparación y conservación que exija la estricta conservación de la habitabilidad, pero no obras de modernización o consolidación que se considere puede aumentar su valor.
Que como consecuencia de la aprobación definitiva del PGMO la pérdida de valor de mi casa será automática resultando imposible de vender una edificación que está fuera de ordenación o de norma, destinada a la desaparición. Pero, además, como señala el Real Decreto 716/2009 de 24 de abril, no podré utilizarla como garantía para la obtención de un préstamo o avalar a mis hijos si me necesitaran. Supondrá, también, que mi capacidad de compra o consumo de otro tipo de bienes, se verá seriamente mermada al verse mermada mi solvencia.
He querido, por tanto, ver qué pasa con el derecho constitucional a la propiedad y el artículo 33 de la Carta Magna, dice que nadie podrá ser privado de sus bienes sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, y la primera conclusión que me ha venido a la mente, es que quince concejales en un pleno y unos técnicos, han decidido sin consultarnos a los muchos vecinos afectados, que causarnos un grave perjuicio económico y moral es de utilidad pública e interés social. Y seguidamente me he preguntado cuáles habrán sido los criterios seguidos por estos hombres y mujeres representantes del pueblo que, sin tenernos en cuenta para nada, han decidido imponer su particular y peculiar modo de entender el planeamiento urbanístico en Totana.
Me pregunto qué criterios habrán seguido los técnicos municipales para que, en la misma calle y a escasos metros entre edificios, a unos vecinos se les respeten sus viviendas con dos o más alturas y a otros se nos declaren fuera de norma nuestra vivienda en segunda planta. Qué criterio técnico o basado en la justa distribución de los beneficios y cargas del planeamiento urbanístico habrán seguido.
Me pregunto cómo ha sido el trato dado a los convenios urbanísticos que contiene el PGMO.
Nuestras casas y edificios, pueden durar 30, 60 o 100 años, tiempo en el que incluso haya otros concejales que dejen sin valor lo que ahora van a aprobar Ganar Totana-IU, PP y Ciudadanos, pero lo cierto es que al día siguiente de la aprobación del PGMO tal y como está sin que el nuevo Plan Urbanístico declare incorporadas nuestras viviendas, algo para lo que los ayuntamientos están facultados, las casas de los afectados perderán valor, no podremos venderlas, podremos hacer obras para impedir que se caigan a pedazos y poco más y no podremos utilizarlas como garantía o aval y así hasta su desaparición.
Merecemos y exigimos una explicación clara. Somos muchos los perjudicados por esta medida y necesitamos entender la justificación de esta norma. Se trata de nuestras viviendas, el fruto de nuestro trabajo de nuestro esfuerzo y nuestros ahorros y sería intolerable que alguien quiera jugar con ellas por capricho, delirio o intereses ocultos. En ese caso, no deberíamos permanecer quietos, callados y sumisos.
JOSÉ BALSAS GARCÍA
