La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia ha dictado sentencia favorable al Ayuntamiento de Totana en el procedimiento sobre el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) promovido por el Consistorio en esta legislatura y que afectaba a un total de 35 trabajadores municipales de distintas concejalías, la primera de estas características sobre una administración pública en la Región de Murcia.
El despido de estos empleados públicos va a suponer un ahorro de unos 900.000 euros al año en el Capítulo de Personal para los años venideros.
Las causas que motivaron en su día el despido colectivo fueron "económicas, y también organizativas, técnicas y de producción"; y venían determinadas, según recordó el concejal de Recursos Humanos, David Amorós, "por una situación de insuficiencia presupuestaria persistente para la financiación de los servicios públicos".
Reiteró que para la elaboración del despido colectivo se siguieron "criterios objetivos y fundamentos jurídicos", respetando parámetros técnicos que perjudicaran lo mínimo a los trabajadores, como su edad próxima de jubilación, antigüedad, situación de prejubilación, entre otras.
La Sala del TSJ ha declarado "ajustado a derecho" el despido colectivo llevado a cabo por Ayuntamiento, cuya defensa jurídica fue encargada al letrado especialista en derecho laboral, Guillermo Martínez-Abarca Ruiz-Funes.
El ERE se aprobó en el pleno ordinario de junio de 2012 y durante el siguiente mes tuvo lugar un período legal de consulta y negociación entre el Consistorio y los sindicatos para culminar el despido colectivo de personal laboral –el primero en una administración de la Región de Murcia-, que pasará de 130 trabajadores actuales en plantilla a 95.
Este despido colectivo se unía a las medidas adoptadas en materia de Personal desde que se inició esta legislatura dirigidas a cumplir con la normativa de déficit cero y de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LO 2/2012, de 27 de abril), que obligó a la amortización también en julio del 2012 de 14 plazas más de funcionarios interinos que no estaban sujetos a subvención, cuyos salarios suponían un ahorro de 470.000 euros al año.
Los trabajadores afectados en este ERE son mayoritariamente adscritos a la Concejalía de Servicios a la Ciudad; aunque también se aplicó a algunos empleados de las áreas de Deportes; Atención Social y Cultura Popular, respectivamente, entre otras; y conllevó una reorganización administrativa transversal de los servicios municipales.
Ahorro de 2,5 millones al año en Personal
El concejal Amorós cifró en 2,5 millones de euros al año el ahorro total que reportará a las arcas municipales todas las medidas adoptadas en materia de Personal en estos dos años y afirmó que el Capítulo I supone más del 50% del presupuesto municipal, que del 2008 al 2012 ha pasado de 43 a 21 millones de euros.
El edil ha explicado el fallo de la sentencia de la Sala de lo Social del TSJ viene a suponer "la ratificación" de las medidas adoptadas por el Ayuntamiento "pioneras y contundentes, pero muy necesarias para lograr contener el déficit presupuestario y el cumplimiento de la estabilidad presupuestaria".
Además, la sentencia establece como punto fundamental "que se ha negociado de buena fe, llegando incluso a acuerdos parciales, como una mejora en las indemnizaciones de los afectados, así como la creación de cursos de formación para los afectados y una bolsa de trabajo preferente para los mismos".
