La Sección de Enjuiciamiento del Tribunal del Cuentas será la encargada de investigar al portavoz del Grupo Municipal Socialista, Juan Francisco Otálora, y al secretario general de los socialistas totaneros, Alfonso Martínez Baños, después de que dicho órgano abriera diligencias contra ambos por un presunto delito contable cuando eran responsables de la Concejalía de Juventud.
El Tribunal de Cuentas ha desestimado el recurso de súplica planteado por la representación procesal de Martínez Baños y Otálora, y les exige el nombramiento de un delegado instructor con el fin de iniciar las actuaciones previas y practicar las diligencias oportunas que permitan averiguar los hechos.
La investigación se ha abierto por un presunto delito contable cometido en la legislatura de 1991 a 1995 cuando Martínez Baños, como edil entonces de la corporación, y Otálora, como técnico responsable del área de Juventud, disponían al parecer de una cuenta privada con la que manejaban dinero municipal no fiscalizado.
Estos fondos municipales procedían, al parecer, de los ingresos que realizaban los padres por el concepto de las actividades veraniegas y que éstos controlaban en una cuenta corriente –en la que figuraban ambos como titulares-, y de la que supuestamente no daban cuenta ni al Tesorero ni al Interventor del Ayuntamiento.
El portavoz del Gobierno municipal, José Antonio Valverde Reina, dio cuenta, en rueda de prensa, del auto del Tribunal de Cuentas después de que los responsables del PSOE totanero solicitaran el sobreseimiento y archivo del expediente por prescripción.
Valverde pidió al portavoz del PSOE en Totana, Juan Francisco Otálora, que “se aplique su propia doctrina y dimita al estar imputado, como cargo público en un caso de presunto delito contable por manejar dinero público a través de una cuenta privada, de igual forma que pide él para el alcalde de Totana”.
El portavoz del PP recordó que Otálora ha afirmado en numerosas ocasiones en los últimos meses que “los políticos que están investigados por la Justicia tienen que dejar sus cargos” y se ha preguntado el porqué insiste en utilizar la estrategia de “mirar la paja en ojo ajeno con el único fin de atacar al alcalde y no la viga en el propio, con respecto a la decisión del órgano contable”.
Además, acusó a Otálora de quitarse “el antifaz de moralista intelectual y populista bonachón” dando lecciones de honradez política a los miembros del Gobierno municipal y a los ciudadanos de Totana, cuando presuntamente está implicado en un caso de utilización fraudulenta del dinero de todos los totaneros ofreciendo un “pésimo ejemplo de gestión pública”.
También añadió que si Otálora no tiene nada que esconder por qué su grupo municipal se opuso en el pleno de octubre de 2007 a que el Ayuntamiento remitiera el expediente al Tribunal de Cuentas para esclarecer los hechos
Valverde Reina recordó que Alfonso Martínez Baños ya fue condenado por el Tribunal de Cuentas a reintegrar al Ayuntamiento de Totana la cifra de más de 19.000 euros por su actuación en la misma legislatura al frente de las concejalías de Deportes y Urbanismo, al ser responsable de la falta de justificación de dicha cantidad de dinero en esta época en la que fue máximo responsable de esta área municipal.
El concejal popular se preguntó por qué la presunción de inocencia sólo la “sostiene Otálora” para los cargos del PSOE y qué ha hecho el Grupo Socialista en este primer año de legislatura además de entorpecer, bloquear la acción del Gobierno local.
Sobre la demanda anunciada por el PP de la Región contra el portavoz de IU, Juan José Cánovas, Valverde afirmó que “ya está bien que se ponga coto a los desvaríos y elucubraciones mentales de esta persona que dispara sin conocimiento contra todo sin medir las consecuencias y calcular el daño político y personal, y que desde principios de 2007 viene enturbiando y desprestigiando el nombre de Totana”.
Aseguró que con medidas como ésta “se pondrá freno a la desbocada ambición de judicializar la vida política que tiene Cánovas y desprestigiar la imagen personal, política y profesional de cargos del Gobierno local y regional para justificar su incompetencia y desastroso apoyo popular”.